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Indemnización de 1,5 millones de euros por tardar 4 años en dar un permiso de obra

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid detalla cuándo es responsable una Administración por demoras injustificadas al otorgar licencias.

Cuatro años tuvo encima de la mesa el concejal presidente de una junta municipal de Madrid una licencia de obra para su firma, hasta que la constructora, harta de esperar, solicitó el certificado de acto presunto, que acredita el silencio administrativo y que debe precisamente expedir la propia Administración.

Cuando la empresa ya estaba arruinada y la entidad que había concedido el préstamo hipotecario para comprar el solar en el que se iba a construir un edificio de nueve plantas se había quedado con él, llegó el visto bueno a las obras. Demasiado tarde a juicio de la promotora, por lo que el caso acabó en los tribunales. Así, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha fijado una indemnización de más de 1,5 millones de euros por la responsabilidad patrimonial de la Administración ante una injustificada demora a la hora de otorgar licencias.

La excusa que utilizó la Administración de que no se construyó por la disconformidad de los vecinos que estaban en contra de ese inmueble no sirvió de nada. "La presión vecinal ni es ley ni es Derecho", recuerda la sentencia, que insiste en que el otorgamiento de este tipo de licencias es una actividad reglada que no debe sucumbir a la presión vecinal.

Igor Bárcena, socio responsable de derecho administrativo de Bufete Barrilero y Asociados, explica que en el supuesto de que se produzca una demora injustificada en el otorgamiento de las licencias, se puede considerar que hay un "funcionamiento anormal" de la institución. Así, conforme a los principios de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, "si ese anormal proceder conlleva aparejado un daño evaluable económicamente, éste debe ser indemnizado".

Sin embargo, la sentencia va más allá. El experto subraya que "la resolución judicial expresamente manifiesta que dicha responsabilidad es imputable a la Administración, aun en el supuesto de que el silencio del expediente en cuestión sea positivo, no siendo esto óbice para que surja tal derecho indemnizatorio".

El fallo del TSJ de Madrid abre la puerta a un aluvión de demandas, ya que, como asegura el socio de Barrilero, no cumplir con los plazos a la hora de otorgar licencias "lamentablemente es una práctica habitual en muchos municipios españoles".

"Es generalizada la práctica de las administraciones públicas españolas de demorar, mucho más allá del plazo legalmente establecido, la finalización de los expedientes administrativos, en especial los referentes a las licencias y autorizaciones; sin que hasta el momento haya habido repercusiones para ellas", dice.

Sin embargo, esta impunidad se ha acabado, ya que, acreditando el daño, ante casos claramente injustificados, se podrán solicitar las correspondientes indemnizaciones. "Esto conlleva una doble lectura, ya que si bien puede servir de medida correctora de ese habitual proceder de las administraciones, también puede suponer un grave quebranto para las arcas públicas, si los particulares iniciaran reclamaciones en cada caso que se produjera", concluye Igor Bárcena.

Demora sin causa

La presión vecinal no vale como excusa a la hora de denegar una licencia urbanística, pero sí hay otros supuestos que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de julio de 2019 señala como justificados y, por lo tanto, sin obligación de indemnización. Así, por ejemplo, el fallo señala que "el retraso en la concesión de la licencia urbanística no tendrá consecuencias, por ejemplo, en aquellos casos en los que el plazo legal para el dictado de la resolución sea suspendido para la realización de distintos trámites o para la subsanación de defectos de la propia solicitud, o cuando sea causa de la actuación del propio administrado".


A algunos cuando les pillan les calzan bien, habría que ver cual es la responsabilidad del Ayuntamiento en cuestión, y la personal y civil y tal vez penal de la "persona" que ha ¿Boicoteado de forma arbitraria e interesada? a ese promotor inmobiliario.

 
 




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Francisco Pérez de Villar Martín.
 
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