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Plusvalia municipal ¿Fraude municipal?
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Mensaje Plusvalia municipal ¿Fraude municipal? 
 
Hola a todos  

¿Sabiais que muchos Ayuntamientos calculan mal, a su favor, el impuesto de la plusvalia?, que en lugar de poner a la hora de calcular ese impuesto la valoracion del suelo a la fecha de compra del inmueble, ponen la valoracion del suelo a la fecha de venta del inmueble, y sobre ese valor erroneo incrementan el porcentaje estipulado durante los años que has tenido el inmueble, así te estan cobrando la plusvalia sobre la valoracion teorica futura en lugar de sobre la valoracion teorica pasada, y por lo visto no es el unico "error en el que incurren", una cosa es lo que debería ser y otra lo que es   .

https://www.elconfidencial.com/vivi...os-bra_1531622/

https://cincodias.elpais.com/cincod...954_185731.html

https://www.idealista.com/news/fina...ndo-se-vende-en


Ojo, tienes 4 años para reclamar lo cobrado de mas, en el caso de autoliquidacion y 1 mes en caso de que la liquidacion la realice el Ayuntamiento, en los Ayuntamientos que utilizan como base de calculo el ulltimo valor del suelo que figura en el recibo de la contribucion.

¿Calculo correcto de la plusvalía?

http://urbanistica91.com/doctrina/e...svalias-iivtnu/

Por otra parte Cinco días informa en el siguiente enlace:

https://cincodias.elpais.com/cincod...622_565908.html

Citar:
Son ya varios los juzgados que han señalado este error de cálculo, incluyendo varios tribunales superiores de justicia. El propio Tribunal Supremo rechaza en junio el recurso presentado por el Ayuntamiento de Cuenca contra un vecino que, bajo el argumento del error de calculo, habiía logrado anular la liquidacion de plusvalia que se le habia impuesto, como reconocia el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo numero 1 de la ciudad.

Es evidente, que si el incremento que se ha de someter a tributacion es el de los años de posesion o disfrute del bien, (y no el del futuro), la formula que se aplica por el Ayuntamiento para fijar la base no puede considerarse ajustada a derecho”, falló hace cosa de un año un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid contra el cálculo de la tasa en Pozuelo de Alarcón. A la misma conclusión han llegado también el Tribunal Superior de Justicia de Valencia o el de Albacete.

“Los ayuntamientos calculan mal la base imponible, siempre a su favor y cobran al contribuyente hasta un 37,5% más del importe debido. Cada vez más sentencias así lo recogen”, explican desde reclamador.es . Esta plataforma digital de servicios legales viene facilitando a los interesados un canal para pleitear y el cálculo matemático de un perito que demuestra las incorrecciones de la actual fórmula aplicada para cobrar el impuesto.

“El error de cálculo en la plusvalía afecta a todos los contribuyentes de este impuesto”, aseveran los abogados de la firma, explicando que los vecinos tienen hasta cuatro años para reclamar lo abonado si han hecho una autoliquidación, como es habitual en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga. En aquellos ayuntamientos que realizan la liquidación, el contribuyente tiene solo un mes para reclamar, advierten.


 
 




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Francisco Pérez de Villar Martín.
 
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Mensaje Re: Plusvalía municipal ¿Fraude municipal? 
 
Hola a todos  

Nueva información en la prensa respecto de la plusvalia:

http://www.abc.es/economia/abci-sup...00_noticia.html

Citar:
El Supremo alerta de un alud de recursos por la plusvalía municipal

El Tribunal dictará una sentencia en julio que puede suponer la devolución de lo cobrado indebidamente por los ayuntamientos y decidirá después de verano si la prestación por maternidad tributa en IRPF

Una solución que se eterniza, la de la plusvalía municipal, se está trasladando a los juzgados en forma de olas de recursos. El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Emilio Frías, alertó ayer en unas jornadas organizadas por Deloitte de la presentación «masiva» de recursos por el pago de la plusvalía municipal. El Constitucional anuló el tributo el año pasado en los casos en los que se pagaba el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbanas –conocido como plusvalía municipal– sin que hubiera habido beneficios. Sin embargo, desde entonces no se ha cambiado la Ley de Haciendas Locales y los recursos se acumulan.

«Cada semana entran entre 30 y 40 recursos», advirtió. Esto solo toma en cuenta los recursos que llegan al TS: si se incluyen los que aún están en instancias inferiores o en los tribunales contenciosos administrativo, el número se multiplica. Un proyecto de ley de reforma presentado por el PP duerme en el Congreso mientras tanto. El Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pactaron la reforma para que no se gravaran los casos en los que no hubiera apreciación del suelo, tomando de referencia los valores de las escrituras para ello.

Pero la norma no se aprueba y mientras tanto, la Justicia mueve ficha. Frías señaló que el Supremo ha admitido entre 70 y 80 recursos para devolver lo cobrado por la plusvalía. Ello supone una quinta parte de los 457 recursos tributarios admitidos por el tribunal, de los 917 totales.


El TS emitirá sentencia sobre el asunto en julio, lo que sentará precedente para devoluciones retroactivas y las actuales, en lo que puede suponer un aluvión de reembolsos de los consistorios a contribuyentes afectados. Como fuere, la plusvalía municipal es un impuesto que no solo acumula dudas jurídicas en caso de pérdidas y el TS tiene varios asuntos pendientes sobre la mesa relativos al tributo. También existen dudas cuando hay ganancias. La razón es la fórmula con la que los ayuntamientos calculan la revalorización del suelo, en base a los valores catastrales, aplicando coeficientes que calculan su comportamiento a futuro. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana llegó a señalar que el tributo era confiscatorio. Hay casos incluso en los que el impuesto es muy superior a la plusvalía en sí


 
 




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Francisco Pérez de Villar Martín.
 
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Mensaje Re: Plusvalia municipal o ¿Fraude municipal? 
 
Hola a todos  

En el siguiente enlace tenéis copia de la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 9ª, Sentencia 531/2017 de 21 Jul. 2017, Rec. 536/2016
Ponente: Verón Olarte, Ramón, que reproduzco.

Citar:
Diario La Ley


Citar:
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 9ª, Sentencia 531/2017 de 21 Jul. 2017, Rec. 536/2016
Ponente: Verón Olarte, Ramón.

Nº de Sentencia: 531/2017

Nº de Recurso: 536/2016

Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

ECLI: ES:TSJM:2017:10563

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. Nulidad de pleno derecho: efectos. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. Hecho imponible. INGRESOS INDEBIDOS EN MATERIA TRIBUTARIA. Devolución.

TEXTO

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Novena C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33010310

NIG: 28.079.00.3-2015/0014031

Recurso de Apelación 536/2016

Recurrente : BUILDINGCENTER S.A UNIPERSONAL

PROCURADOR D./Dña. JAVIER SEGURA ZARIQUIEY

Recurrido : AYUNT. SAN AGUSTIN DE GUADALIX

PROCURADOR D./Dña. GEMMA MUÑOZ SAN JOSE

SENTENCIA No 531

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN NOVENA

Ilmos. Sres.

Presidente:

D. Ramón Verón Olarte

Magistrados:

Da. Ángeles Huet de Sande

D. José Luis Quesada Varea

D. Joaquín Herrero Muñoz Cobo

En la Villa de Madrid a veintiuno de julio de dos mil diecisiete.

Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el presente recurso de apelación nº 536/2016 interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Segura Zariquiey, en nombre y representación de la mercantil BUILDINGCENTER UNIPERSONAL, contra la sentencia de fecha 13 abril 2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 de Madrid en el P .O. nº 301/2015; habiendo sido parte apelada la Procuradora de los Tribunales doña Gemma Muñoz San José en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix (Madrid).

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 de Madrid dictó sentencia en el Recurso Contencioso Administrativo antes citado del referido Juzgado en cuya parte dispositiva se acuerda: "Con DESESTIMACIÓN del presente recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario nº 301 de 2015, interpuesto por Buildingcenter, Sociedad Anónima Unipersonal, representada por el Procurador Don Francisco Javier Segura Zariquiey y diregido por el Letrado Don Joseps Torras Terns, contra la Resolución de la Concejalía de Hacienda, de 5 de Mayo de 2015, que acuerda desestimar el Recurso de Reposición interpuesto contra la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos nº 1500003826, como consecuencia de la transmisión del bien inmueble sito en PL MBSAU-7 Las Cabezas nº 10, de San Agustín de Guadalix, DEBO ACORDAR Y ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar que el acto administrativo recurrido es conforme a derecho, en relación con los extremos objeto de Impugnación, por lo que debemos confirmarlo y lo confirmamos.

SEGUNDO.- Con expresa imposición de costas a la recurrente si bien con la precisión que se contiene en el razonamiento jurídico séptimo" .

SEGUNDO .- Notificada dicha resolución a las partes, el Procurador Sr. Segura Zariquiey presenta escrito mediante el que interpone recurso de apelación contra la mencionada sentencia por entender que la misma era contraria a derecho.

TERCERO.- Por providencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 se tiene por interpuesto recurso de apelación que se admite en ambos efectos y se acuerda dar traslado a las partes para que en el plazo común de quince días puedan formular su oposición o adhesión al mencionado recurso.

CUARTO.- La representación de la apelada presenta escrito mediante el cual muestra su disconformidad con la apelación formulada.

QUINTO.- Por providencia se tiene por opuesta a la apelada en el recurso y se acuerda la remisión de lo actuado a este Tribunal Superior de Justicia con emplazamiento de las partes.

SEXTO.- Recibidos los autos en esta Sección recae providencia mediante la que se acuerda el registro y formación de rollo; no habiéndose solicitado el recibimiento a prueba y no considerándolo necesario la Sala, quedan pendiente las actuaciones para señalamiento y fallo por no ser tampoco preciso el trámite de conclusiones.

SÉPTIMO.- En este estado se señala para votación y fallo el día 6 julio 2017, lo que así tiene lugar.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don Ramón Verón Olarte.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia de 13 abril 2016 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11, impugnada en el presente proceso, viene a confirmar el acto administrativo, esto es, la liquidación tributaria por el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix.

SEGUNDO.- La primera cuestión a tratar en el presente recurso jurisdiccional se refiere a la sujeción a derecho de la mencionada liquidación tributaria a la vista de la sentencia de Tribunal Constitucional que 11 mayo 2017 en cuya parte dispositiva se declaran inconstitucionales y, por tanto, nulos los artículos 107.1 (LA LEY 362/2004) , 107.2.a ) y 110 .4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo (LA LEY 362/2004) , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LA LEY 362/2004). En concreto, se ha de decidir si la liquidación practicada lo ha sido por aplicación directa e inmediata de los preceptos declarados inconstitucionales y, por tanto, nulos por el Tribunal Constitucional. Si así se decide por esta Sala, la presente sentencia habrá de ser de carácter estimatorio y, necesariamente, habrá de anularse la liquidación tributaria que nos ocupa.

TERCERO.- La parte apelante, sin tratar el tema de la constitucionalidad de la norma, alega que no se ha producido una plusvalía real y efectiva y que ha habido una indebida cuantificación de la base imponible.

CUARTO.- La liquidación impugnada fue girada determinando la base imponible conforme a las normas recogidas en el art 107 TRLHL (LA LEY 362/2004) y el art 110.4 TRLHL (LA LEY 362/2004).

Hasta la fecha, y desde ST de 16 de Diciembre de 2014, recurso 295/14, esta Sección venía entendiendo en línea con sentencias del TSJ de Cataluña de 18 de Julio de 2013 y 22 de Marzo de 2012 , que cabía una interpretación conforme a la Constitución Española de los preceptos citados, que pasaba por admitir que el contribuyente pudiera alegar y probar la inexistencia de incremento de valor de los terrenos transmitidos.

El anterior planteamiento ha de ser necesariamente revisado en atención a las Sentencias del TC de 11 de Mayo de 2017 en la que se acuerda "la inconstitucionalidad de los arts. 107.1 (LA LEY 362/2004), 107.2 a) (LA LEY 362/2004) y 110.4 TRLHL (LA LEY 362/2004) pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor" y a la de 16 de Febrero de 2017 que expresamente rechazan la interpretación conforme de los citados artículos, aclarando el alcance de la declaración de inconstitucionalidad

Como decíamos anteriormente, esta Sección sostenía la posibilidad de una interpretación conforme de las normas de determinación de la base imponible del art 107 del RDL 2/2004 , sin embargo, planteada dicha tesis ante el Tribunal Constitucional tanto por la Abogacía del Estado como por los Servicios Jurídicos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el TC en Sentencia de 16 de Febrero de 2017 , para artículos de las normas forales de idéntica redacción a los de autos declara lo siguiente:

" no es posible asumir la interpretación salvadora de la norma cuestionada que se propone porque, al haberse establecido un método objetivo de cuantificación del incremento de valor, la normativa reguladora no admite como posibilidad ni la eventual inexistencia de un incremento ni la posible presencia de un decremento (el incremento se genera, en todo caso, por la mera titularidad de un terreno de naturaleza urbana durante un período temporal dado, determinándose mediante la aplicación automática al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión de los coeficientes previstos en el art. 4.3 NFG). Es más, tampoco permite, siquiera, la determinación de un incremento distinto del derivado de "la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto".

Admitir lo contrario supondría reconstruir la norma en contra del evidente sentido que se le quiso dar y aceptar que se ha dejado al libre arbitrio del aplicador (a los entes locales, en vía de gestión, o a los órganos judiciales, en vía de revisión), tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria, como la elección, en cada caso concreto, del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento, lo que chocaría, no sólo contra el principio de seguridad jurídica ( art. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978) ), sino contra el propio principio de reserva de ley que rige la materia tributaria ( arts. 31.3 (LA LEY 2500/1978) y 133.1 (LA LEY 2500/1978) y 2, ambos de la CE ).

Debe señalarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que sólo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal de/impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana ".

La Abogacía del Estado, en la cuestión de inconstitucionalidad 4864/16, resuelta por Sentencia de 11 de Mayo, insistió en la "interpretación salvadora" que la Sentencia de 16 de Febrero de 2017 rechazó, planteando que " para que dicho artículo (107 TRLHL (LA LEY 362/2004)) sea contrario a la Constitución deberá partirse de que en el supuesto concreto haya quedado demostrado dicho presupuesto: que el incremento de valor del terreno no es real ni cierto".

QUINTO.- Sin embargo, el TC no admite dicha interpretación salvadora o conforme del precepto, y por el contrario, insistiendo en lo ya declarado en Sentencia de 16 de Febrero, y aclarando el alcance de la declaración de inconstitucionalidad declara lo siguiente:

" Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 (LA LEY 362/2004) y 110.4 LHL (LA LEY 362/2004), en los términos señalados, debe indicarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana ( SSTC 26/2017 (LA LEY 2615/2017), FJ 7 ; y 37/2017 , FJ 5). "

A la vista de cuanto antecede entendemos en definitiva que la liquidación debe ser anulada, en cuanto fue girada teniendo en cuenta, exclusivamente, preceptos expulsados del ordenamiento jurídico ex origine, cuyo resultado no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial para la que se carece de parámetro legal(comparación de valores escriturados, comparación de valores catastrales, factores de actualización, aplicación de normas de otros impuestos..) en ejercicio o forma de actuación expresamente rechazado , pues implicaría continuar haciendo lo que expresamente el Tribunal Constitucional rechaza, esto es "dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento", determinación que el Constitucional insiste queda reservada al legislador, al que debe entenderse dirigida la aclaración del alcance o significado de la inconstitucionalidad declarada, no al aplicador del derecho, que con ello habría de quebrantar principios de seguridad jurídica y de reserva de ley en materia tributaria, que en definitiva han determinado la declaración de inconstitucionalidad.

SEXTO.- Así pues, procede la estimación del presente recurso de apelación con revocación de la sentencia apelada. Téngase en cuenta que la sentencia se basa, como hiciera esta misma Sala, en la falta de acreditación de la minusvalía, en base a un precepto que la sentencia del TC declara expresamente inconstitucional y que por tanto no cabe aplicar dado que fue expulsado desde su origen del ordenamiento.

SÉPTIMO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LA LEY 2689/1998) , en la segunda instancia, las costas procesales se "se impondrán al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición". En el caso analizado la Sala entiende que no procede hacer un especial pronunciamiento en esta materia dadas las dudas iniciales que surgieron en relación con la controversia y que han sido resueltas ahora con la sentencia del Tribunal Constitucional tan comentada en la presente resolución judicial.

Por todo lo anterior, en el nombre de S.M. el Rey y por la autoridad que nos confiere el Pueblo Español

FALLAMOS
Que ESTIMANDO el presente recurso de apelación nº 536/2016 interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Segura Zariquiey, en nombre y representación de la mercantil BUILDINGCENTER UNIPERSONAL, contra la sentencia de fecha 13 abril 2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 de Madrid en el P .O. nº 301/2015, DEBEMOS REVOCAR y REVOCAMOS íntegramente la mencionada sentencia, declarando la nulidad de la resolución administrativa impugnada en la primera instancia.

No ha lugar de un especial pronunciamiento en materia de costas procesales en esta segunda instancia.

Líbrense dos testimonios de la presente sentencia, uno para remitir al Juzgado en unión del recurso y el otro para incorporarlo al rollo de apelación.

Una vez hecho lo anterior, devuélvase al órgano a quo el recurso contencioso administrativo con el expediente que, en su día, fue elevado a la Sala y archívese el rollo de apelación.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días , contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LA LEY 2689/1998) , con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) , bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2583-0000-85-0536-16 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2583-0000-85-0536-16 en el campo "Observaciones" o "Concepto de la transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Ramón Verón Olarte DÑA. Ángeles Huet de Sande

D. José Luis Quesada Varea D. Joaquín Herrero Muñoz Cobo

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. Ramón Verón Olarte, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrado de la Administración de Justicia, certifico.


 
 




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Francisco Pérez de Villar Martín.
 
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Mensaje Re: Plusvalia municipal ¿Fraude municipal? 
 


https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana escribi?: 


Subsección 6.ª Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Artículo 107. Base imponible.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.


2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.


b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción durante el período de tiempo y porcentajes máximos siguientes:

a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

b) La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los ayuntamientos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada año de aplicación de la reducción.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción se establecerá en la ordenanza fiscal.

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes:

a) Período de uno hasta cinco años: 3,7.

b) Período de hasta 10 años: 3,5.

c) Período de hasta 15 años: 3,2.

d) Período de hasta 20 años: 3.

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.

3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2.a, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.

Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Citar:

Se declaran inconstitucionales y nulos, en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor, los apartados 1 y 2.a) por Sentencia del TC 59/2017, de 11 de mayo. Ref. BOE-A-2017-6855

Se modifica el apartado 3 por el art. 4.1 del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2012-4441.

Última actualización, publicada el 15/06/2017, en vigor a partir del 15/06/2017.

 




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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. escribi?: 
Artículo 110. Gestión tributaria del impuesto.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.

4. Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate del supuesto a que se refiere el párrafo tercero del artículo 107.2.a) de esta ley.


5. Cuando los ayuntamientos no establezcan el sistema de autoliquidación, las liquidaciones del impuesto se notificaran íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta ley, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

7. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. Esta obligación será exigible a partir de 1 de abril de 2002.

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones.

Citar:
Se declara inconstitucional y nulo, en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor, el apartado 4 por Sentencia del TC 59/2017, de 11 de mayo. Ref. BOE-A-2017-6855

 




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Francisco Pérez de Villar Martín.
 
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