Asunto: Plusvalia municipal ¿Fraude municipal?
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¿Sabiais que muchos Ayuntamientos calculan mal, a su favor, el impuesto de la plusvalia?, que en lugar de poner a la hora de calcular ese impuesto la valoracion del suelo a la fecha de compra del inmueble, ponen la valoracion del suelo a la fecha de venta del inmueble, y sobre ese valor erroneo incrementan el porcentaje estipulado durante los años que has tenido el inmueble, así te estan cobrando la plusvalia sobre la valoracion teorica futura en lugar de sobre la valoracion teorica pasada, y por lo visto no es el unico "error en el que incurren", una cosa es lo que debería ser y otra lo que es :mad: .

https://www.elconfidencial.com/vivi...os-bra_1531622/

https://cincodias.elpais.com/cincod...954_185731.html

https://www.idealista.com/news/fina...ndo-se-vende-en


Ojo, tienes 4 años para reclamar lo cobrado de mas, en el caso de autoliquidacion y 1 mes en caso de que la liquidacion la realice el Ayuntamiento, en los Ayuntamientos que utilizan como base de calculo el ulltimo valor del suelo que figura en el recibo de la contribucion.

¿Calculo correcto de la plusvalía?

http://urbanistica91.com/doctrina/e...svalias-iivtnu/

Por otra parte Cinco días informa en el siguiente enlace:

https://cincodias.elpais.com/cincod...622_565908.html

Citar:
Son ya varios los juzgados que han señalado este error de cálculo, incluyendo varios tribunales superiores de justicia. El propio Tribunal Supremo rechaza en junio el recurso presentado por el Ayuntamiento de Cuenca contra un vecino que, bajo el argumento del error de calculo, habiía logrado anular la liquidacion de plusvalia que se le habia impuesto, como reconocia el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo numero 1 de la ciudad.

Es evidente, que si el incremento que se ha de someter a tributacion es el de los años de posesion o disfrute del bien, (y no el del futuro), la formula que se aplica por el Ayuntamiento para fijar la base no puede considerarse ajustada a derecho”, falló hace cosa de un año un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid contra el cálculo de la tasa en Pozuelo de Alarcón. A la misma conclusión han llegado también el Tribunal Superior de Justicia de Valencia o el de Albacete.

“Los ayuntamientos calculan mal la base imponible, siempre a su favor y cobran al contribuyente hasta un 37,5% más del importe debido. Cada vez más sentencias así lo recogen”, explican desde reclamador.es . Esta plataforma digital de servicios legales viene facilitando a los interesados un canal para pleitear y el cálculo matemático de un perito que demuestra las incorrecciones de la actual fórmula aplicada para cobrar el impuesto.

“El error de cálculo en la plusvalía afecta a todos los contribuyentes de este impuesto”, aseveran los abogados de la firma, explicando que los vecinos tienen hasta cuatro años para reclamar lo abonado si han hecho una autoliquidación, como es habitual en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga. En aquellos ayuntamientos que realizan la liquidación, el contribuyente tiene solo un mes para reclamar, advierten.


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Asunto: Re: Plusvalía municipal ¿Fraude municipal?
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Nueva información en la prensa respecto de la plusvalia:

http://www.abc.es/economia/abci-sup...00_noticia.html

Citar:
El Supremo alerta de un alud de recursos por la plusvalía municipal

El Tribunal dictará una sentencia en julio que puede suponer la devolución de lo cobrado indebidamente por los ayuntamientos y decidirá después de verano si la prestación por maternidad tributa en IRPF

Una solución que se eterniza, la de la plusvalía municipal, se está trasladando a los juzgados en forma de olas de recursos. El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Emilio Frías, alertó ayer en unas jornadas organizadas por Deloitte de la presentación «masiva» de recursos por el pago de la plusvalía municipal. El Constitucional anuló el tributo el año pasado en los casos en los que se pagaba el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbanas –conocido como plusvalía municipal– sin que hubiera habido beneficios. Sin embargo, desde entonces no se ha cambiado la Ley de Haciendas Locales y los recursos se acumulan.

«Cada semana entran entre 30 y 40 recursos», advirtió. Esto solo toma en cuenta los recursos que llegan al TS: si se incluyen los que aún están en instancias inferiores o en los tribunales contenciosos administrativo, el número se multiplica. Un proyecto de ley de reforma presentado por el PP duerme en el Congreso mientras tanto. El Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pactaron la reforma para que no se gravaran los casos en los que no hubiera apreciación del suelo, tomando de referencia los valores de las escrituras para ello.

Pero la norma no se aprueba y mientras tanto, la Justicia mueve ficha. Frías señaló que el Supremo ha admitido entre 70 y 80 recursos para devolver lo cobrado por la plusvalía. Ello supone una quinta parte de los 457 recursos tributarios admitidos por el tribunal, de los 917 totales.


El TS emitirá sentencia sobre el asunto en julio, lo que sentará precedente para devoluciones retroactivas y las actuales, en lo que puede suponer un aluvión de reembolsos de los consistorios a contribuyentes afectados. Como fuere, la plusvalía municipal es un impuesto que no solo acumula dudas jurídicas en caso de pérdidas y el TS tiene varios asuntos pendientes sobre la mesa relativos al tributo. También existen dudas cuando hay ganancias. La razón es la fórmula con la que los ayuntamientos calculan la revalorización del suelo, en base a los valores catastrales, aplicando coeficientes que calculan su comportamiento a futuro. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana llegó a señalar que el tributo era confiscatorio. Hay casos incluso en los que el impuesto es muy superior a la plusvalía en sí


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Asunto: Re: Plusvalia municipal o ¿Fraude municipal?
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En el siguiente enlace tenéis copia de la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 9ª, Sentencia 531/2017 de 21 Jul. 2017, Rec. 536/2016
Ponente: Verón Olarte, Ramón, que reproduzco.

Citar:
Diario La Ley


Citar:
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 9ª, Sentencia 531/2017 de 21 Jul. 2017, Rec. 536/2016
Ponente: Verón Olarte, Ramón.

Nº de Sentencia: 531/2017

Nº de Recurso: 536/2016

Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

ECLI: ES:TSJM:2017:10563

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. Nulidad de pleno derecho: efectos. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. Hecho imponible. INGRESOS INDEBIDOS EN MATERIA TRIBUTARIA. Devolución.

TEXTO

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Novena C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33010310

NIG: 28.079.00.3-2015/0014031

Recurso de Apelación 536/2016

Recurrente : BUILDINGCENTER S.A UNIPERSONAL

PROCURADOR D./Dña. JAVIER SEGURA ZARIQUIEY

Recurrido : AYUNT. SAN AGUSTIN DE GUADALIX

PROCURADOR D./Dña. GEMMA MUÑOZ SAN JOSE

SENTENCIA No 531

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN NOVENA

Ilmos. Sres.

Presidente:

D. Ramón Verón Olarte

Magistrados:

Da. Ángeles Huet de Sande

D. José Luis Quesada Varea

D. Joaquín Herrero Muñoz Cobo

En la Villa de Madrid a veintiuno de julio de dos mil diecisiete.

Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el presente recurso de apelación nº 536/2016 interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Segura Zariquiey, en nombre y representación de la mercantil BUILDINGCENTER UNIPERSONAL, contra la sentencia de fecha 13 abril 2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 de Madrid en el P .O. nº 301/2015; habiendo sido parte apelada la Procuradora de los Tribunales doña Gemma Muñoz San José en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix (Madrid).

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 de Madrid dictó sentencia en el Recurso Contencioso Administrativo antes citado del referido Juzgado en cuya parte dispositiva se acuerda: "Con DESESTIMACIÓN del presente recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario nº 301 de 2015, interpuesto por Buildingcenter, Sociedad Anónima Unipersonal, representada por el Procurador Don Francisco Javier Segura Zariquiey y diregido por el Letrado Don Joseps Torras Terns, contra la Resolución de la Concejalía de Hacienda, de 5 de Mayo de 2015, que acuerda desestimar el Recurso de Reposición interpuesto contra la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos nº 1500003826, como consecuencia de la transmisión del bien inmueble sito en PL MBSAU-7 Las Cabezas nº 10, de San Agustín de Guadalix, DEBO ACORDAR Y ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar que el acto administrativo recurrido es conforme a derecho, en relación con los extremos objeto de Impugnación, por lo que debemos confirmarlo y lo confirmamos.

SEGUNDO.- Con expresa imposición de costas a la recurrente si bien con la precisión que se contiene en el razonamiento jurídico séptimo" .

SEGUNDO .- Notificada dicha resolución a las partes, el Procurador Sr. Segura Zariquiey presenta escrito mediante el que interpone recurso de apelación contra la mencionada sentencia por entender que la misma era contraria a derecho.

TERCERO.- Por providencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 se tiene por interpuesto recurso de apelación que se admite en ambos efectos y se acuerda dar traslado a las partes para que en el plazo común de quince días puedan formular su oposición o adhesión al mencionado recurso.

CUARTO.- La representación de la apelada presenta escrito mediante el cual muestra su disconformidad con la apelación formulada.

QUINTO.- Por providencia se tiene por opuesta a la apelada en el recurso y se acuerda la remisión de lo actuado a este Tribunal Superior de Justicia con emplazamiento de las partes.

SEXTO.- Recibidos los autos en esta Sección recae providencia mediante la que se acuerda el registro y formación de rollo; no habiéndose solicitado el recibimiento a prueba y no considerándolo necesario la Sala, quedan pendiente las actuaciones para señalamiento y fallo por no ser tampoco preciso el trámite de conclusiones.

SÉPTIMO.- En este estado se señala para votación y fallo el día 6 julio 2017, lo que así tiene lugar.

Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don Ramón Verón Olarte.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia de 13 abril 2016 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11, impugnada en el presente proceso, viene a confirmar el acto administrativo, esto es, la liquidación tributaria por el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix.

SEGUNDO.- La primera cuestión a tratar en el presente recurso jurisdiccional se refiere a la sujeción a derecho de la mencionada liquidación tributaria a la vista de la sentencia de Tribunal Constitucional que 11 mayo 2017 en cuya parte dispositiva se declaran inconstitucionales y, por tanto, nulos los artículos 107.1 (LA LEY 362/2004) , 107.2.a ) y 110 .4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo (LA LEY 362/2004) , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LA LEY 362/2004). En concreto, se ha de decidir si la liquidación practicada lo ha sido por aplicación directa e inmediata de los preceptos declarados inconstitucionales y, por tanto, nulos por el Tribunal Constitucional. Si así se decide por esta Sala, la presente sentencia habrá de ser de carácter estimatorio y, necesariamente, habrá de anularse la liquidación tributaria que nos ocupa.

TERCERO.- La parte apelante, sin tratar el tema de la constitucionalidad de la norma, alega que no se ha producido una plusvalía real y efectiva y que ha habido una indebida cuantificación de la base imponible.

CUARTO.- La liquidación impugnada fue girada determinando la base imponible conforme a las normas recogidas en el art 107 TRLHL (LA LEY 362/2004) y el art 110.4 TRLHL (LA LEY 362/2004).

Hasta la fecha, y desde ST de 16 de Diciembre de 2014, recurso 295/14, esta Sección venía entendiendo en línea con sentencias del TSJ de Cataluña de 18 de Julio de 2013 y 22 de Marzo de 2012 , que cabía una interpretación conforme a la Constitución Española de los preceptos citados, que pasaba por admitir que el contribuyente pudiera alegar y probar la inexistencia de incremento de valor de los terrenos transmitidos.

El anterior planteamiento ha de ser necesariamente revisado en atención a las Sentencias del TC de 11 de Mayo de 2017 en la que se acuerda "la inconstitucionalidad de los arts. 107.1 (LA LEY 362/2004), 107.2 a) (LA LEY 362/2004) y 110.4 TRLHL (LA LEY 362/2004) pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor" y a la de 16 de Febrero de 2017 que expresamente rechazan la interpretación conforme de los citados artículos, aclarando el alcance de la declaración de inconstitucionalidad

Como decíamos anteriormente, esta Sección sostenía la posibilidad de una interpretación conforme de las normas de determinación de la base imponible del art 107 del RDL 2/2004 , sin embargo, planteada dicha tesis ante el Tribunal Constitucional tanto por la Abogacía del Estado como por los Servicios Jurídicos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el TC en Sentencia de 16 de Febrero de 2017 , para artículos de las normas forales de idéntica redacción a los de autos declara lo siguiente:

" no es posible asumir la interpretación salvadora de la norma cuestionada que se propone porque, al haberse establecido un método objetivo de cuantificación del incremento de valor, la normativa reguladora no admite como posibilidad ni la eventual inexistencia de un incremento ni la posible presencia de un decremento (el incremento se genera, en todo caso, por la mera titularidad de un terreno de naturaleza urbana durante un período temporal dado, determinándose mediante la aplicación automática al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión de los coeficientes previstos en el art. 4.3 NFG). Es más, tampoco permite, siquiera, la determinación de un incremento distinto del derivado de "la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto".

Admitir lo contrario supondría reconstruir la norma en contra del evidente sentido que se le quiso dar y aceptar que se ha dejado al libre arbitrio del aplicador (a los entes locales, en vía de gestión, o a los órganos judiciales, en vía de revisión), tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria, como la elección, en cada caso concreto, del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento, lo que chocaría, no sólo contra el principio de seguridad jurídica ( art. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978) ), sino contra el propio principio de reserva de ley que rige la materia tributaria ( arts. 31.3 (LA LEY 2500/1978) y 133.1 (LA LEY 2500/1978) y 2, ambos de la CE ).

Debe señalarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que sólo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal de/impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana ".

La Abogacía del Estado, en la cuestión de inconstitucionalidad 4864/16, resuelta por Sentencia de 11 de Mayo, insistió en la "interpretación salvadora" que la Sentencia de 16 de Febrero de 2017 rechazó, planteando que " para que dicho artículo (107 TRLHL (LA LEY 362/2004)) sea contrario a la Constitución deberá partirse de que en el supuesto concreto haya quedado demostrado dicho presupuesto: que el incremento de valor del terreno no es real ni cierto".

QUINTO.- Sin embargo, el TC no admite dicha interpretación salvadora o conforme del precepto, y por el contrario, insistiendo en lo ya declarado en Sentencia de 16 de Febrero, y aclarando el alcance de la declaración de inconstitucionalidad declara lo siguiente:

" Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 (LA LEY 362/2004) y 110.4 LHL (LA LEY 362/2004), en los términos señalados, debe indicarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana ( SSTC 26/2017 (LA LEY 2615/2017), FJ 7 ; y 37/2017 , FJ 5). "

A la vista de cuanto antecede entendemos en definitiva que la liquidación debe ser anulada, en cuanto fue girada teniendo en cuenta, exclusivamente, preceptos expulsados del ordenamiento jurídico ex origine, cuyo resultado no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial para la que se carece de parámetro legal(comparación de valores escriturados, comparación de valores catastrales, factores de actualización, aplicación de normas de otros impuestos..) en ejercicio o forma de actuación expresamente rechazado , pues implicaría continuar haciendo lo que expresamente el Tribunal Constitucional rechaza, esto es "dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento", determinación que el Constitucional insiste queda reservada al legislador, al que debe entenderse dirigida la aclaración del alcance o significado de la inconstitucionalidad declarada, no al aplicador del derecho, que con ello habría de quebrantar principios de seguridad jurídica y de reserva de ley en materia tributaria, que en definitiva han determinado la declaración de inconstitucionalidad.

SEXTO.- Así pues, procede la estimación del presente recurso de apelación con revocación de la sentencia apelada. Téngase en cuenta que la sentencia se basa, como hiciera esta misma Sala, en la falta de acreditación de la minusvalía, en base a un precepto que la sentencia del TC declara expresamente inconstitucional y que por tanto no cabe aplicar dado que fue expulsado desde su origen del ordenamiento.

SÉPTIMO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LA LEY 2689/1998) , en la segunda instancia, las costas procesales se "se impondrán al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición". En el caso analizado la Sala entiende que no procede hacer un especial pronunciamiento en esta materia dadas las dudas iniciales que surgieron en relación con la controversia y que han sido resueltas ahora con la sentencia del Tribunal Constitucional tan comentada en la presente resolución judicial.

Por todo lo anterior, en el nombre de S.M. el Rey y por la autoridad que nos confiere el Pueblo Español

FALLAMOS
Que ESTIMANDO el presente recurso de apelación nº 536/2016 interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Segura Zariquiey, en nombre y representación de la mercantil BUILDINGCENTER UNIPERSONAL, contra la sentencia de fecha 13 abril 2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 de Madrid en el P .O. nº 301/2015, DEBEMOS REVOCAR y REVOCAMOS íntegramente la mencionada sentencia, declarando la nulidad de la resolución administrativa impugnada en la primera instancia.

No ha lugar de un especial pronunciamiento en materia de costas procesales en esta segunda instancia.

Líbrense dos testimonios de la presente sentencia, uno para remitir al Juzgado en unión del recurso y el otro para incorporarlo al rollo de apelación.

Una vez hecho lo anterior, devuélvase al órgano a quo el recurso contencioso administrativo con el expediente que, en su día, fue elevado a la Sala y archívese el rollo de apelación.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días , contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LA LEY 2689/1998) , con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) , bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2583-0000-85-0536-16 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2583-0000-85-0536-16 en el campo "Observaciones" o "Concepto de la transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Ramón Verón Olarte DÑA. Ángeles Huet de Sande

D. José Luis Quesada Varea D. Joaquín Herrero Muñoz Cobo

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. Ramón Verón Olarte, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrado de la Administración de Justicia, certifico.


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Asunto: Re: Plusvalia municipal ¿Fraude municipal?
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana escribió: 


Subsección 6.ª Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Artículo 107. Base imponible.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.


2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.


b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción durante el período de tiempo y porcentajes máximos siguientes:

a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

b) La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los ayuntamientos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada año de aplicación de la reducción.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción se establecerá en la ordenanza fiscal.

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes:

a) Período de uno hasta cinco años: 3,7.

b) Período de hasta 10 años: 3,5.

c) Período de hasta 15 años: 3,2.

d) Período de hasta 20 años: 3.

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.

3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2.a, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.

Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Citar:

Se declaran inconstitucionales y nulos, en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor, los apartados 1 y 2.a) por Sentencia del TC 59/2017, de 11 de mayo. Ref. BOE-A-2017-6855

Se modifica el apartado 3 por el art. 4.1 del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2012-4441.

Última actualización, publicada el 15/06/2017, en vigor a partir del 15/06/2017.

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Asunto: Re: Plusvalia municipal ¿Fraude municipal?
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-4214

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. escribió: 
Artículo 110. Gestión tributaria del impuesto.

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.

4. Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate del supuesto a que se refiere el párrafo tercero del artículo 107.2.a) de esta ley.


5. Cuando los ayuntamientos no establezcan el sistema de autoliquidación, las liquidaciones del impuesto se notificaran íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta ley, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

7. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. Esta obligación será exigible a partir de 1 de abril de 2002.

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones.

Citar:
Se declara inconstitucional y nulo, en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor, el apartado 4 por Sentencia del TC 59/2017, de 11 de mayo. Ref. BOE-A-2017-6855

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Asunto: Re: Plusvalia municipal ¿Fraude municipal?
Hola a todos :smile:

Os paso un modelo de recurso a las liquidaciones, autoliquidaiones y a lo que el Ayuntamiento de Madrid ahora llama proyectos de liquidación de la plusvalía, es el recurso que yo he presentado hoy mismo en ese Ayuntamiento, dado que he vendido una vivienda.

Modifica lo que sea pertinente en tu caso.

Citar:
Madrid a 1 de junio de 2018



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Agencia Tributaria de Madrid
Madrid



Fulatino de Tal y Tal con NIF 000000000H domicliado en ….......................

Recurso al proyecto de autoliquidación elaborado en Agencia Tributaria de Madrid de fecha 01/06/2018, identificador 0 0 0000000 00000000, gestor 00000 00, importe 5204,44 NIF del sujeto pasivo 000000000H, fecha de transmisión 17/05/2018 de la vivienda sita en DOMICILIO referencia catastral 00000000000000000000 .

Expone:

La liquidación de referencia, que no autoliquidación encubierta ya que no he participado de modo alguno en su confección, simplemente me he personado en la Agencia Tributria del Ayuntamiento de Madrid c/ Ramón Power 24 de Madrid, y el gestor ha realizado la liquidación que el Ayuntamiento de Madrid le indica que haga en base a su programa informático, que a mi entender no se ajusta a derecho.

Y no se ajusta a derecho porque en primer lugar figuran como base imponible la cantidad de 37.388,23 euros que se corresponde con el valor del suelo de la vivienda de referencia en el año 2017, y se calcula el incremento de valor producido durante 16 años a partir de 2017, cuando la plusvalía es un impuesto que grava la tenencia del bien objeto de tributación por el vendedor, en ningún caso grava al vendedor del bien por el incremento de valor futuro en manos de otro propietario.

Si en este caso la lógica fuese de utilidad, deberían haber puesto el valor del suelo a la fecha de compra en el año 2002, pero no es el caso, hay que figurar la base imponible que indica la ley.

Y a la vista de la sentencia de Tribunal Constitucional que 11 mayo 2017 en cuya parte dispositiva se declaran inconstitucionales y, por tanto, nulos los artículos 107.1 (LA LEY 362/2004) , 107.2.a ) y 110 .4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo (LA LEY 362/2004) , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LA LEY 362/2004).

En la cuestión anterior abunda la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 9ª, Sentencia 531/2017 de 21 Jul. 2017, Rec. 536/2016  Ponente: Verón Olarte, Ramón que en el punto QUINTO.dice:

Sin embargo, el TC no admite dicha interpretación salvadora o conforme del precepto, y por el contrario, insistiendo en lo ya declarado en Sentencia de 16 de Febrero, y aclarando el alcance de la declaración de inconstitucionalidad declara lo siguiente:" Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 (LA LEY 362/2004) y 110.4 LHL (LA LEY 362/2004), en los términos señalados, debe indicarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana ( SSTC 26/2017 (LA LEY 2615/2017), FJ 7 ; y 37/2017 , FJ 5). " 

A la vista de cuanto antecede entendemos en definitiva que la liquidación debe ser anulada, en cuanto fue girada teniendo en cuenta, exclusivamente, preceptos expulsados del ordenamiento jurídico ex origine, cuyo resultado no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial para la que se carece de parámetro legal(comparación de valores escriturados, comparación de valores catastrales, factores de actualización, aplicación de normas de otros impuestos..) en ejercicio o forma de actuación expresamente rechazado , pues implicaría continuar haciendo lo que expresamente el Tribunal Constitucional rechaza, esto es "dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento", determinación que el Constitucional insiste queda reservada al legislador, al que debe entenderse dirigida la aclaración del alcance o significado de la inconstitucionalidad declarada, no al aplicador del derecho, que con ello habría de quebrantar principios de seguridad jurídica y de reserva de ley en materia tributaria, que en definitiva han determinado la declaración de inconstitucionalidad. 


Dado que la ley ha quedado huerfana respecto de cual es la base imponible a partir de la cual hay que calcular el impuesto y por lo tanto no existe ninguna referencia legal al respecto, inventarse una base imponible por parte de ese Ayuntamiento y las personas que lo dirigen en este ámbito de responsabilidad, podría incurrir en responsabilidad penal.

Parecería lógico por otra parte que ese Ayuntamiento facilitara información a los ciudadanos en el sentido de este recurso, pero no es el caso, o por lo menos a mi no se me ha facilitado información alguna, negándose el gestor a que le facilitara el valor del suelo de la vivienda al año 2002 (fecha de adquisición), dispongo del IBI de ese año, tan solo se ha realizado una seudo liquidación y se me ha indicado que pase por el banco a pagar.

Solicito:

La anulación del seudo proyecto de autoliquidación de referencia elaborado por la Agencia Tributaria de Madrid del Ayuntamiento de Madrid, por carecer de base legal.


Una buena recomendación tras la presentación del recurso es digitalizarlo en formato pdf, visitar la web de la fiscalía y enviar a la fiscalía el recurso por si la actuación del Ayuntamiento fuera constitutiva de un presunto delito de prevaricación.

http://www.nombelanoticias.com/php/viewtopic.php?f=17&t=35

Citar:
Edición de esta información
Tras la sentencia del Tribunal Supremo en el que le enmienda la plana al Tribunal Constitucional, que no se si realmente será legal, pero de momento es por lo que se van a regir todos los Tribunales lo único que resta es reclamar por el cobro mal liquidado de la plusvalía, para lo cual lo mejor es seguir las indicaciones en este sentido que publica la siguiente web:

https://urbanistica91.com/doctrina/...svalias-iivtnu/

SIGO RECOMENDANDO TRASLADAR A LA FISCALIA COPIA DE LOS RECURSOS POR SI LIQUIDAR SISTEMATICAMENTE MAL LA PLUSVALÍA FUERA CONSTITUTIVO DE UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACION.



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Asunto: Re: Plusvalia municipal ¿Fraude municipal?
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Nueva información sobre la plusvalía publicada en El Confidencial

https://www.elconfidencial.com/vivi...rencia_1588372/

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TS zanja la polémica: solo se podrá reclamar la plusvalía municipal si hubo pérdidas

El Supremo se muestra contrario a lo que se ha denominado 'teoría maximalista', que sostiene que todas las liquidaciones y autoliquidaciones deben ser anuladas

09/07/2018 14:29 - ACTUALIZADO: 09/07/2018 18:21

Solamente las liquidaciones o autoliquidaciones por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IITNU), más conocido como plusvalía municipal —aquel impuesto que se debe pagar cuando se vende o hereda una vivienda— podrán ser anuladas cuando se haya probado la existencia de un pérdida para el vendedor del inmueble o el receptor de un inmueble en herencia.

El Tribunal Supremo acaba de zanjar la polémica en una sentencia en la que se muestra contrario a la que se ha denominado 'teoría maximalista', que sostiene que todas las liquidaciones y autoliquidaciones deben ser anuladas, incluso en aquellos casos en que se haya producido una ganancia.

La sala tercera del Supremo aclara en su sentencia que solamente en los casos en que "no se acredita por el obligado tributario [contribuyente] la inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana" se puede liquidar el impuesto. El alto tribunal desestima el recurso de casación interpuesto contra una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al considerar que interpretó "de manera correcta" la norma. En detalle, denegaba al BBVA la devolución de lo que pagó por la venta de unos terrenos de naturaleza urbana, al considerar que no se había demostrado que no hubo ganancia en dicha operación.

En mayo de 2017, el Tribunal Constitucional declararó inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regulan el cálculo de la base imponible cuando se produce la transmisión de un inmueble de naturaleza urbana y la gestión tributaria del impuesto. Al dejarlos sin efecto, el alto tribunal eliminó las reglas o herramientas que existían para calcular la eventual existencia de dicha plusvalía municipal, lo que abrió la puerta a que cientos de contribuyentes reclamaran la devolución de dicho impuesto incluso si dicha operación —venta o herencia— les generó una ganancia. Ahora, el Supremo ha puesto fin al vacío legal existente desde entonces.

En concreto, el alto tribunal interpreta que el alcance de la declaración de insconstitucionalidad contenida en la sentencia del Constitucional del año pasado "adolece solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial". Entiende, pues, que ambos artículos son constitucionales "y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título, no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada".

Disparidad de criterios judiciales

Hasta el pronunciamiento del Supremo, ha habido discrepancia entre los propios jueces. Así, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el pasado mes de agosto anulaba la plusvalía en la que el contribuyente no había probado suficientemente la existencia de dicha pérdida, al considerar que tras este fallo y mientras que el legislador no regule el nuevo régimen legal aplicable —y, en concreto, determine la forma en la que se debe cuantificar el impuesto—, las liquidaciones de la plusvalía municipal giradas con base en una normativa declarada nula e inconstitucional son nulas de pleno derecho.

En Barcelona, Navarra, Castilla y León o Cantabria, por su parte, muchos jueces se han mostrado partidarios de esta "doctrina maximalista", mientras que otros, como en Asturias, Valencia o Murcia, son partidarios de la "tesis posibilista", al entender que el impuesto ha sido declarado inconstitucional solamente en aquellos casos en los que la venta se ha hecho a pérdidas, de tal manera que los ayuntamientos pueden seguir liquidando el tributo en aquellas transmisiones —ventas o herencias— en las que existe una plusvalía real.

Con este fallo, el Supremo zanja la polémica en torno a la plusvalía municipal, en un vacío legal desde hace casi un año sin que aún se haya publicado la reforma de la Ley de Haciendas Locales. Pero también interpreta el alcance de la sentencia del Constitucional respecto a la nulidad del artículo 110.4 de la Ley de Haciendas Locales, al entender que la nulidad total de dicho artículo es lo que posibilita que los contribuyentes "puedan probar la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial".

El contribuyente debe demostrar que hubo pérdidas

La sentencia del Tribunal Supremo también se pronuncia respecto a otro tema polémico: quién debe demostrar que la transmisión de la propiedad generó una pérdida.

En este sentido, el alto tribunal considera que la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y efectiva corresponde al contribuyente. Para demostrarlo, entiende que este podrá presentar "cualquier principio de prueba que, al menos indiciariamente, permita apreciarla". Y poner, como ejemplo, la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las escrituras públicas.

Y añade que, una vez que el contribuyente ha probado que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe lo contrario para poder girar el impuesto.



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Asunto: Re: Plusvalia municipal ¿Fraude municipal?
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Más información en El Confidencial sobre este tema:

https://www.elconfidencial.com/vivi...rencia_1590063/

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Plusvalía municipal, ¿cómo te afecta la sentencia si vas a vender un piso?

El Tribunal Supremo zanjó ayer una polémica que podría haber puesto en serios apuros las arcas de los ayuntamientos de toda España

10/07/2018 05:00

El Tribunal Supremo zanjó ayer una polémica que podría haber puesto en serios apuros las arcas de los ayuntamientos de toda España. Más de un año después de que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regulan el cálculo de la base imponible cuando se produce la transmisión de un inmueble de naturaleza urbana y la gestión tributaria del impuesto, ha establecido que las liquidaciones o autoliquidaciones por la plusvalía municipal, podrán anularse solo cuando se haya probado por parte del contribuyente, aunque sea de manera indiciaria, la existencia de un pérdida de valor.

Es decir, todos aquellos —particulares y empresas— que recurrieron el pago del impuesto a pesar de que se produjo una ganancia patrimonial se verán obligados a pagar la plusvalía municipal. Además, muchos ayuntamientos que habían paralizado el cobro del impuesto a la espera de esta sentencia volverán a reactivar su maquinaria confiscatoria.

Y a quienes van a recibir en herencia una vivienda o tienen pensado venderla, ¿cómo les afecta la sentencia?

1.- Solo te libras si hay pérdidas

En primer lugar, solamente podrá reclamarse la devolución de la plusvalía municipal en aquellos casos en los que el contribuyente pueda acreditar que la transmisión le ha generado una pérdida (o que se ha producido un descenso real en el valor del suelo del inmueble en caso de herencia). Desde que en mayo del año pasado el Constitucional declaró nulos los artículos que permiten calcular la base imponible del tributo, han sido cientos los contribuyentes y empresas que han recurrido a este vacío legal para reclamar la devolución de la plusvalía incluso si la transacción les generó una ganancia.

"Es una mala sentencia para los contribuyentes, puesto que el Tribunal Supremo echa por tierra la doctrina maximalista que venían defendiendo, entre otros, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según la cual todas las liquidaciones y autoliquidaciones podrían ser anuladas, si no hubiera transcurrido el plazo para hacerlo, incluso en aquellos casos en los que se había producido una ganancia", señalan a El Confidencial fuentes legales.

2.- La carga de la prueba recae sobre el contribuyente

El Supremo también ha despejado otra duda importante. La que se refiere a quién debe demostrar que se ha producido dicha pérdida. A mediados del mes pasado, al alto tribunal cuestionó cómo calcula Hacienda los impuestos derivados de la compra de un inmueble a efectos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En concreto, cuestionó que se pueda calcular el valor real de un inmueble —que sirve para calcular este impuesto— multiplicando el valor catastral por coeficientes. Y dictaminó que corresponde a la Administración y no al contribuyente acreditar que el valor que figura en la declaración o autoliquidación del impuesto coincide con el valor real.

En este caso, sin embargo, es el contribuyente quien, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, debe demostrar —al menos de manera indiciaria— que la transmisión de la propiedad no le generó una ganancia patrimonial.

3.- Las escrituras públicas como prueba

¿Cómo se puede probar la inexistencia de una plusvalía 'real y efectiva'? El Supremo considera que "el sujeto pasivo podrá ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla", como por ejemplo la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las escrituras públicas.

Para Ignacio Para Mata, socio del despacho Lean Abogados, "no estamos ante una nulidad total que conllevaría que no se puedan aplicar los preceptos de tal manera que daba igual que hubiera habido ganancia o no con la transmisión. Con esta sentencia queda claro que solo se podrá reclamar la devolución por la Administración de la plusvalía en los casos en que el contribuyente pruebe que no ha habido ganancia con la transmisión del bien, debiendo para ello aportar las pruebas que considere suficientes, como por ejemplo las escrituras públicas de adquisición y transmisión, recayendo posteriormente en la Administración la carga de probar que sí ha habido ganancia".

Es decir, una vez aportada la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, el Supremo señala que "deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones". "No se pide al contribuyente expresamente un informe de tasación o valoración, pero sí, por ejemplo, presentar el valor de adquisición y transmisión de la vivienda en escritura pública para demostrar que ha existido una pérdida. Y si hay que hacer una comprobación, en ese caso sí corresponderá ya a la Administración realizar la misma", añade otro experto consultado.

A juicio del Supremo, una plusvalía real y efectiva es "perfectamente constatable" con los medios de comprobación que establece la Ley General Tributaria.

4.- Primero pagar, luego reclamar

A pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional y del Supremo, si la Administración nos exige el pago del impuesto, los abogados consultados siguen recomendando, de manera unánime, pagar primero y reclamar después para evitar la eventual imposición de sanciones.

5.- No resuelve la cuestión en torno al método de cálculo de la plusvalía

Hay un aspecto sobre el que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado en esta sentencia y sobre el que podría pronunciarse en las próximas semanas. Es el que se refiere al método matemático de cálculo de la plusvalía municipal. El impuesto se calcula aplicando una fórmula matemática sobre el valor catastral, prevista en el artículo 107 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

En 2010, y como consecuencia del recurso interpuesto por un contribuyente, un juez de Cuenca anuló una liquidación de plusvalía municipal por considerar incorrecta la fórmula de cálculo del impuesto utilizada por el ayuntamiento, al considerar que, en base a un estudio matemático aportado por el propio contribuyente, con la fórmula legal aplicada por los ayuntamientos, se calculaba el incremento de valor que tendría el terreno en los años sucesivos, pero no en los años en que había estado el inmueble en el patrimonio del sujeto pasivo del impuesto.

Según Ramiro Salamanca, director legal de reclamador.es, "esta sentencia supone un ahorro millonario para las arcas de los consistorios españoles, que han cobrado, en los últimos cuatro años, 3.000 millones de euros en concepto de este impuesto". Además, según este portal, el impuesto está mal calculado. “Todavía queda esperar la sentencia del Supremo sobre el error de cálculo del impuesto de plusvalía, ya sea con pérdidas o con ganancias, que podría suponer la devolución de hasta el 37,5%”.

6.- ¿Qué efecto tendrá la futura Ley de Haciendas Locales?

Con independencia de todo lo anterior, debe recordarse que continúa en trámite parlamentario la reforma de la plusvalía municipal, que adaptará la normativa actual del impuesto a los dictados del Tribunal Constitucional, excluyendo de imposición aquellos casos en los que el contribuyente pruebe que no ha existido un incremento en el valor del suelo del inmueble transmitido.

"Es decir, la nueva normativa, en caso de aprobarse en los términos en que actualmente se encuentra en sede parlamentaria, tendrá un contenido muy similar al establecido en la reciente sentencia del Tribunal Supremo. No obstante, desde el momento de su entrada en vigor, la nueva normativa recogerá otras novedades en el impuesto sobre plusvalía municipal, como la posibilidad, inexistente en este momento, de someter a gravamen transmisiones efectuadas durante el primer año de tenencia de un inmueble o la modificación de los coeficientes para determinar la base imponible del impuesto —que, asimismo, podrán ser actualizados anualmente por ley para adaptarlos a la evolución del mercado inmobiliario—", concluyen las fuentes consultadas.



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Asunto: Re: Plusvalia municipal ¿Fraude municipal?
Comparador de liquidaciones de plusvalía.

https://urbanistica91.com/doctrina/...svalias-iivtnu/

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Asunto: Re: Plusvalia municipal ¿Fraude municipal?
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Nueva información sobre la plusvalía en El Confidencial

https://www.elconfidencial.com/vivi...rencia_1593219/

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La fórmula matemática que aún puede poner en jaque la plusvalía municipal

El Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre un recurso que sostiene que el método que utilizan los ayuntamientos para calcular dicho tributo no es correcto.

16/07/2018 19:51 - ACTUALIZADO: 16/07/2018 20:38

La semana pasada, el Tribunal Supremo (TS) lanzó un auténtico jarro de agua fría a cientos de contribuyentes que habían reclamado o esperaban poder reclamar a los ayuntamientos de toda España la devolución del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, tanto en aquellos casos en que vendieron una vivienda a pérdidas como en aquellos en que la transacción les generó una ganancia.

En su dictamen, el alto tribunal se inclinó a favor de los consistorios, a quienes una sentencia desfavorable les habría provocado un importante agujero económico, ya que se habrían visto obligados a devolver, de media, unos 4.520 euros por contribuyente, según datos de reclamador.es. Sin embargo, aún queda un importante asunto sobre el que el Supremo debe pronunciarse y que podría abrir la puerta a nuevas reclamaciones.

Nos referimos al recurso que —como ya sucedió con el impuesto de transmisiones patrimoniales— cuestiona la fórmula que utilizan los ayuntamientos para calcular dicho tributo y que, según este portal, podría suponer la devolución hasta del 40% del mismo. "El impuesto está mal calculado en todos los casos", destaca Ramiro Salamanca, director legal de reclamador.es.

"La ley que regula el impuesto —Ley de Haciendas Locales— establece un sistema objetivo de cálculo de la base imponible, que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo consideran constitucionalmente válido, siempre que grave capacidades económicas reales o potenciales. Al igual que ambos tribunales, nosotros consideramos que el sistema objetivo de cálculo es perfectamente válido, puesto que se halla la base imponible teniendo en cuenta el valor catastral del suelo en el momento del devengo y los porcentajes fijados por los ayuntamientos, teniendo en consideración el número de años de tenencia del bien", señala Salamanca.

El Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre el método que utilizan los ayuntamientos de toda España para cobrar dicho impuesto

"Sin embargo", añade, "la ley no fija expresamente que la operación matemática que deba emplearse para calcular la plusvalía sea la multiplicación. Nosotros consideramos que con la multiplicación no se obtiene el incremento de valor experimentado durante el periodo de tenencia del bien, tal y como exige la definición del hecho imponible del impuesto, que es gravar el incremento de valor puesto de manifiesto durante la tenencia del bien".

¿Por qué está mal la fórmula? Según los expertos, la base imponible de este impuesto se establece aplicando al valor catastral del bien el porcentaje de incremento fijado por los ayuntamientos en sus respectivas ordenanzas. Con estas dos variables obtienen el incremento de valor del inmueble durante su tenencia. Ahora bien, la fórmula empleada para obtener la base imponible no calcula realmente el incremento experimentado durante la tenencia, sino el incremento de valor futuro.

Un jubilado cuestionó la fórmula

En 2010, un juez consideró que dicho argumento tenía sentido y, como consecuencia del recurso interpuesto por un contribuyente, un juzgado de Cuenca anuló una liquidación de plusvalía municipal por considerar incorrecta la fórmula de cálculo del impuesto utilizada por el ayuntamiento de dicha ciudad. Aquel juez tomó su decisión en base a un estudio matemático aportado por el propio contribuyente, con la fórmula legal aplicada por los ayuntamientos que calculaba el incremento de valor que tendría el terreno en los años sucesivos, pero no en los años en que había estado el inmueble en el patrimonio del sujeto pasivo del impuesto.

En concreto, fue Antonio Escribano, un vecino de Cuenca, matemático y arquitecto ya jubilado, quien denunció que la fórmula matemática utilizada para calcular este impuesto hace que se pague un 40% más de lo debido. En 2010, Escribano recibió una liquidación complementaria del impuesto de plusvalía por la venta de un inmueble que había realizado en 2005. El ayuntamiento le reclamaba una deuda tributaria adicional de poco más de 18.000 euros. Fue el comienzo de una batalla judicial que duró dos años y terminó en victoria, puesto que se libró de pagar los 18.000 euros que le reclamaban.

En 2010, un vecino de Cuenca, matemático y arquitecto ya jubilado, denunció que la fórmula matemática utilizada para calcular este impuesto hace que se pague un 40% más de lo debido

En su periplo judicial, este jubilado de 72 años convenció primero al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuenca y después al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Básicamente, argumentaba que lo que se estaba calculando era el incremento de valor del suelo en años sucesivos y no en años pasados. Para demostrarlo, se valió de numerosas fórmulas y explicaciones matemáticas que los abogados contratados por el Ayuntamiento de Cuenca no supieron rebatir.

Su argumento es el que ahora se dirime en el Supremo y su dictamen puede poner de nuevo en entredicho cómo calculan los ayuntamientos de toda España dicho impuesto y obligarlos a devolver cantidades millonarias.

El método de cálculo supone valorar el incremento del valor del suelo en los próximos 20 años, no el producido en los 20 últimos

E. SANZ
TAGSPLUSVALÍA MUNICIPALIMPUESTOSVALOR CATASTRALTRIBUNAL SUPREMORECLAMACIONESMATEMÁTICASIMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES (ITP)TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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16/07/2018 19:51 - ACTUALIZADO: 16/07/2018 20:38
La semana pasada, el Tribunal Supremo (TS) lanzó un auténtico jarro de agua fría a cientos de contribuyentes que habían reclamado o esperaban poder reclamar a los ayuntamientos de toda España la devolución del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, tanto en aquellos casos en que vendieron una vivienda a pérdidas como en aquellos en que la transacción les generó una ganancia.

En su dictamen, el alto tribunal se inclinó a favor de los consistorios, a quienes una sentencia desfavorable les habría provocado un importante agujero económico, ya que se habrían visto obligados a devolver, de media, unos 4.520 euros por contribuyente, según datos de reclamador.es. Sin embargo, aún queda un importante asunto sobre el que el Supremo debe pronunciarse y que podría abrir la puerta a nuevas reclamaciones.

Nos referimos al recurso que —como ya sucedió con el impuesto de transmisiones patrimoniales— cuestiona la fórmula que utilizan los ayuntamientos para calcular dicho tributo y que, según este portal, podría suponer la devolución hasta del 40% del mismo. "El impuesto está mal calculado en todos los casos", destaca Ramiro Salamanca, director legal de reclamador.es.


TS zanja la polémica: solo se podrá reclamar la plusvalía municipal si hubo pérdidas
E. SANZ
El Supremo se muestra contrario a lo que se ha denominado 'teoría maximalista', que sostiene que todas las liquidaciones y autoliquidaciones deben ser anuladas
"La ley que regula el impuesto —Ley de Haciendas Locales— establece un sistema objetivo de cálculo de la base imponible, que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo consideran constitucionalmente válido, siempre que grave capacidades económicas reales o potenciales. Al igual que ambos tribunales, nosotros consideramos que el sistema objetivo de cálculo es perfectamente válido, puesto que se halla la base imponible teniendo en cuenta el valor catastral del suelo en el momento del devengo y los porcentajes fijados por los ayuntamientos, teniendo en consideración el número de años de tenencia del bien", señala Salamanca.

El Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre el método que utilizan los ayuntamientos de toda España para cobrar dicho impuesto


"Sin embargo", añade, "la ley no fija expresamente que la operación matemática que deba emplearse para calcular la plusvalía sea la multiplicación. Nosotros consideramos que con la multiplicación no se obtiene el incremento de valor experimentado durante el periodo de tenencia del bien, tal y como exige la definición del hecho imponible del impuesto, que es gravar el incremento de valor puesto de manifiesto durante la tenencia del bien".

¿Por qué está mal la fórmula? Según los expertos, la base imponible de este impuesto se establece aplicando al valor catastral del bien el porcentaje de incremento fijado por los ayuntamientos en sus respectivas ordenanzas. Con estas dos variables obtienen el incremento de valor del inmueble durante su tenencia. Ahora bien, la fórmula empleada para obtener la base imponible no calcula realmente el incremento experimentado durante la tenencia, sino el incremento de valor futuro.

Un jubilado cuestionó la fórmula

En 2010, un juez consideró que dicho argumento tenía sentido y, como consecuencia del recurso interpuesto por un contribuyente, un juzgado de Cuenca anuló una liquidación de plusvalía municipal por considerar incorrecta la fórmula de cálculo del impuesto utilizada por el ayuntamiento de dicha ciudad. Aquel juez tomó su decisión en base a un estudio matemático aportado por el propio contribuyente, con la fórmula legal aplicada por los ayuntamientos que calculaba el incremento de valor que tendría el terreno en los años sucesivos, pero no en los años en que había estado el inmueble en el patrimonio del sujeto pasivo del impuesto.

En concreto, fue Antonio Escribano, un vecino de Cuenca, matemático y arquitecto ya jubilado, quien denunció que la fórmula matemática utilizada para calcular este impuesto hace que se pague un 40% más de lo debido. En 2010, Escribano recibió una liquidación complementaria del impuesto de plusvalía por la venta de un inmueble que había realizado en 2005. El ayuntamiento le reclamaba una deuda tributaria adicional de poco más de 18.000 euros. Fue el comienzo de una batalla judicial que duró dos años y terminó en victoria, puesto que se libró de pagar los 18.000 euros que le reclamaban.

En 2010, un vecino de Cuenca, matemático y arquitecto ya jubilado, denunció que la fórmula matemática utilizada para calcular este impuesto hace que se pague un 40% más de lo debido

En su periplo judicial, este jubilado de 72 años convenció primero al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuenca y después al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Básicamente, argumentaba que lo que se estaba calculando era el incremento de valor del suelo en años sucesivos y no en años pasados. Para demostrarlo, se valió de numerosas fórmulas y explicaciones matemáticas que los abogados contratados por el Ayuntamiento de Cuenca no supieron rebatir.

Su argumento es el que ahora se dirime en el Supremo y su dictamen puede poner de nuevo en entredicho cómo calculan los ayuntamientos de toda España dicho impuesto y obligarlos a devolver cantidades millonarias.

El método de cálculo supone valorar el incremento del valor del suelo en los próximos 20 años, no el producido en los 20 últimos

Escribano ha conseguido poner en jaque a los ayuntamientos de toda España, ya que con sus argumentos ha conseguido poner en serio peligro una de sus principales fuentes de financiación. De hecho, la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha ha servido de inspiración a otras decisiones judiciales, y ahora la 'patata caliente' se encuentra sobre la mesa del Tribunal Supremo, que la semana pasada daba un importante respiro a los ayuntamientos al aclarar que solamente se puede reclamar el impuesto de plusvalía municipal en los casos en que la transmisión del inmueble —puede ser una venta, pero también una herencia— generó una pérdida y esta se pueda demostrar.

Hasta el pronunciamiento del Supremo la semana pasada, cientos de contribuyentes y empresas habían reclamado la devolución de dicho tributo incluso cuando la transmisión generó una ganancia, en base a la inconstitucionalidad de dichos artículos. Una insconstitucionalidad que el Supremo considera ahora que únicamente es parcial y solo se aplica en aquellos casos en los que se ha producido una pérdida y esta se puede demostrar.

"Aún se pueden recurrir ante los tribunales, no solo las plusvalías pagadas con pérdidas patrimoniales en la transmisión sino también podría llegar a plantearse aquellas en las que, aunque pueda existir ganancia patrimonial, se justifique mediante una prueba pericial que durante todos los años de tenencia del bien no existe incremento del mismo en la evolución del valor del suelo", explica David García Vázquez, responsable fiscal de la consultora Ayming.

"A la espera del pronunciamiento del alto tribunal, es conveniente recurrir todas las autoliquidaciones abonadas en los últimos cuatro años, con el propósito de paralizar la prescripción de las mismas. Este movimiento podría hacer recuperar en gran medida cantidades abonadas indebidamente. El error de cálculo podría suponer un incremento en el número de reclamaciones del 30%", añade García Vázquez.

Ejemplo práctico

Como ya se ha mencionado, la ley no fija expresamente que la operación matemática que deba emplearse para calcular la plusvalía sea la multiplicación. Sin embargo, los ayuntamientos entienden que la fórmula matemática es la multiplicación del valor catastral por el porcentaje total de incremento.

Base imponible = valor catastral x (% total de incremento)

Sin embargo, con esta fórmula matemática se obtiene el incremento de valor que experimentará el bien en el futuro, no el incremento de valor puesto de manifiesto durante el tiempo en que se ha poseído el bien.

¿Cómo se debería calcular la plusvalía municipal?

Reclamador.es considera que la operación matemática no es la multiplicación, ya que con ella no se obtiene el incremento de valor experimentado durante el periodo de tenencia del bien, tal y como exige la definición del hecho imponible del impuesto, que es gravar el incremento de valor puesto de manifiesto durante la tenencia del bien.

La formula que propone reclamador.es es la siguiente:

Image

Ejemplo práctico del error de fórmula

Inmueble adquirido en julio de 1984 y transmitido en noviembre de 2016.

Valor catastral del inmueble: 270.339,38 euros.

Periodo impositivo: + de 20 años.

Porcentaje de incremento total: 60%.

Tipo impositivo: 29%.

Cuota a pagar = base imponible x tipo de gravamen.

Cálculo del ayuntamiento

Base imponible= valor catastral x (% total de incremento)

BI = 270.339,38 x 60% = 162.203,63

Cuota a pagar = 162.203,63 x 29%

Cuota a pagar = 47.039,05 euros.

Cálculo reclamador.es

Image

BI = 101.377,27

Cuota a pagar = 101.377,27 x 29%

Cuota a pagar = 29.399,41 euros.

La diferencia resulta considerable: 17.639,64 euros (47.039,05 - 29.399,41), exactamente el 37,5% del importe pagado.



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